RETO 3: COMPARTIENDO “PROYECTO DE INVERSIÓN
PARA LA REDACCIÓN DE VARIOS PROYECTOS DE ORDENACIÓN DE MONTES DE UTILIDAD
PÚBLICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA”
En el tercer reto, el proyecto elegido (en el que participo como director adjunto para la tercera Demarcación forestal de Alicante) del que voy a hablar y a analizar es el “PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA REDACCIÓN DE VARIOS PROYECTOS DE ORDENACIÓN DE MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA”.
En este, mi diario de aprendizaje voy a intentar dar respuesta a las siguientes preguntas:
- ¿La Administración está lanzando un proyecto, programa, campaña de comunicación, o iniciativas de cualquier naturaleza vinculadas al desarrollo sostenible donde sea ella el agente “emprendedor”?
- ¿De qué manera el sector público adopta ese rol protagonista e impulsor en la iniciativa seleccionada?
- ¿Podría esa iniciativa llevarse a cabo sin la presencia de la Administración?
Es objeto es llevar a cabo la redacción del PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
REDACCIÓN DE VARIOS PROYECTOS DE ORDENACIÓN DE MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Los Proyectos de ordenación de montes son el instrumento de gestión forestal sostenible por excelencia de nuestros montes.
En su sentido más amplio, la gestión forestal sostenible abarca los aspectos administrativos, jurídicos, técnicos, económicos, sociales y ambientales del uso y conservación de los bosques. Implica diversos grados de intervención humana, que van desde acciones destinadas a salvaguardar y mantener los ecosistemas forestales y sus funciones hasta medidas que favorecen a determinadas especies o grupos de especies de valor social o económico para mejorar la producción de bienes y servicios. Además de los productos forestales (que comprenden tanto bienes forestales madereros como no madereros), los bosques gestionados de forma sostenible proporcionan importantes servicios ecosistémicos, como la captura del carbono, la conservación de la biodiversidad y la protección de los recursos hídricos.
Muchos de los bosques y zonas boscosas del mundo no se gestionan de forma sostenible, especialmente en los trópicos y subtrópicos. Muchos países carecen de legislación, reglamentación e incentivos forestales idóneos para promover la gestión forestal sostenible. Adicionalmente, muchas naciones en desarrollo no cuentan con financiación y recursos humanos suficientes para preparar, ejecutar y supervisar los planes de gestión forestal, y carecen de mecanismos destinados a asegurar la participación de todas las partes interesadas en materia de gobernanza, planificación y desarrollo forestales. En los sitios donde existen planes de gestión forestal, con frecuencia se limitan a asegurar que haya una producción constante de madera, y no se presta la debida atención a la producción sostenible de productos no madereros y servicios ecosistémicos ni al mantenimiento de los valores sociales y ambientales. A ello se suma que hay otros usos de la tierra que, desde el punto de vista económico, pueden parecer más atractivos que la gestión forestal a los ojos de los administradores de la tierra (al menos a corto plazo), lo que conduce a la degradación forestal y la deforestación.
La gestión sostenible de los bosques es imprescindible para garantizar la persistencia de los mismos. Existen diversos instrumentos, como los proyectos de ordenación, que permiten a los propietarios planificar y programar adecuadamente los trabajos a realizar en sus montes, para que se pueda obtener una rentabilidad de los mismos a la vez que garantizan la regeneración. Además hay varias entidades internacionales que certifican que la gestión realizada se ha hecho siguiendo unos criterios de sostenibilidad, y esto se acredita otorgando un sello, tanto a las superficies forestales como a los productos obtenidos como resultado de un proceso industrial en el que la madera procede de bosques gestionados de forma sostenible. Las dos entidades con mayor reconocimiento a nivel europeo y que son las que certifican en España son FSC y PEFC. A continuación se muestran las estadísticas a escala autonómica relativas a la superficie forestal sujeta a instrumentos de ordenación y a la certificación forestal.
En total deberán redactarse 91 POM, localizados en las provincias de Alicante (30), Valencia (41) y Castellón (20), ascendiendo la superficie total objeto del encargo a 242.602 hectáreas. De esta superficie, 120.156 ha se corresponden con superficie forestal arbolada, mientras que 122.445 hectáreas son terrenos forestales no arbolados.
¿La Administración está lanzando un proyecto, programa, campaña de comunicación, o iniciativas de cualquier naturaleza vinculadas al desarrollo sostenible donde sea ella el agente “emprendedor”?
Evidentemente, la Administración es el agente emprendedor, el promotor como propietario y gestor. Las actuaciones, aprovechamientos, y demás inversiones y beneficios obtenidos serán asumidos por la Administración Autonómica o la Administración local según el estado legal de los diferentes montes.
¿De qué manera el sector público adopta ese rol protagonista e impulsor en la iniciativa seleccionada?
En este caso el sector público adopta rol protagonista como promotor directamente de los proyectos, contratando a través de encomienda a la empresa pública TRAGSA. En bosques privados se está llevando a cabo la misma iniciativa, adoptando en estos casos, la forma de subvención para costear en un 100% del presupuesto de los proyectos. Esta subvención se efectúa con cargo a los PDR 2014-2020 con un montante total de unos 13 millones de euros.
¿Podría esa iniciativa llevarse a cabo sin la presencia de la Administración?
Sí, en el caso de estudio, son montes gestionados por la Generalitat, Dominio público en su mayoría y, por tanto, responsabilidad de la Administración. Sin embargo, la Ley de Montes del Estado y la Ley Forestal de la Comunitat Valenciana contemplan la figura de las entidades de custodia del territorio a las que se les permite colaborar y participar del proceso de ordenación y su costeo.
La realidad es que no existe ningún caso en esta Autonomía.
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